ATE se une al paro y critica a los gobernadores
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, liderará una marcha al Congreso este martes, a partir de las 11, como respuesta a la propuesta de reforma laboral que está impulsando el Gobierno. En esta jornada de protesta, quieren dejar claro su rechazo y recuerdan que los gobernadores también tienen una responsabilidad en esta situación, a quienes llaman “cómplices primarios”.
Aguiar no se anda con rodeos: “Intentarán implementar una reforma regresiva, pero esta vez no solo Milei tendrá la culpa. Los gobernadores son parte de este ataque a los derechos laborales. Estén atentos, porque podríamos movilizarnos a sus provincias”, comentó con firmeza.
La organización ha programado este paro nacional como una oportunidad para exigir la reapertura de paritarias, una compensación salarial de emergencia y el rechazo a un intento del Gobierno de reducir en un 10% la cantidad de trabajadores estatales. Todo esto sucede justo cuando se enviarían los proyectos de reforma laboral al Parlamento, lo que está generando mucha preocupación.
En Buenos Aires, la marcha tendrá como punto de encuentro el Congreso, mientras que en otras provincias también se están organizando actividades similares. Aguiar remarcó que algunos gobernadores, como el de Catamarca, hablaron en contra del ajuste, pero ahora apoyan estas políticas. Las palabras tienen peso: “No podemos dejar que esto pase sin resistencia”, insistió.
Para facilitar la asistencia a esta movilización, en la Ciudad habrá salidas desde los lugares de trabajo a partir de las 10.30. El sector público atraviesa un momento crítico, con una pérdida de más del 33% del poder adquisitivo en los últimos 23 meses, lo que demanda respuestas urgentes.
Otro aspecto crucial de esta protesta es el anunciado recorte del 10% del Estado. Según Aguiar, esta medida roza lo ilegal, teniendo en cuenta que el Congreso ya había rechazado decretos de desregulación propuestos por el ministro de Desregulación. Este recorte afectaría a organismos esenciales como la Oficina Anticorrupción, el INDEC y otros, poniendo en riesgo la estabilidad de numerosos servicios públicos.